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El Gobierno presume 401 mil hectáreas y 8% de crecimiento, pero la oposición pide resultados reales.

Tras la conmemoración del Día Mundial de la Agricultura, el Gobierno colombiano presentó un balance del sector agropecuario con cifras que buscan marcar un hito político: en 2024 el agro creció más del 8%, con dos trimestres que superaron el 10%, y se adquirieron 401 mil 345 hectáreas de tierras dentro de la Reforma Agraria.

El Ministerio de Agricultura destacó que la producción y las exportaciones alcanzaron niveles históricos. En 2024, las ventas externas sumaron 11 mil 478 millones de dólares, un 13,9% más que en 2023 y 40% más que en 2022. Este desempeño consolidó al agro como motor de la economía rural y nacional, con una participación del 6% al 8% en el PIB.

En materia de abastecimiento interno, las Centrales de Abastecimiento crecieron más del 7%, y la inseguridad alimentaria se redujo en 2%. Para el ejecutivo, estos avances reflejan que la política agraria empieza a impactar la vida de millones de familias campesinas.

Pero el punto central es la tierra. Desde la firma del Acuerdo de Paz, este es el tercer gobierno en turno y el que más hectáreas ha gestionado: 401 mil 345, frente a las mil 020 adquiridas en el mandato de Iván Duque y las 8 mil 625 del de Juan Manuel Santos. Además, se han conformado 434 Comités Municipales de Reforma Agraria y más de 13 Departamentales, con el objetivo de abrir espacios de concertación entre Estado y comunidades rurales.

El Gobierno subraya que la Reforma Agraria es un eje político y social que busca garantizar soberanía alimentaria, reducir brechas y consolidar la paz territorial. Sin embargo, la oposición sostiene que la redistribución de tierras no basta: se requieren créditos, infraestructura, inversión y acompañamiento técnico para que los campesinos no solo accedan a la tierra, sino que puedan producir y permanecer en ella.

Más allá de las cifras, el campo se ha convertido en escenario de disputa política. Mientras la Casa de Nariño utiliza los avances como bandera de gestión y cumplimiento del Acuerdo de Paz, los críticos advierten que aún falta un modelo integral de desarrollo rural que convierta las hectáreas entregadas en proyectos sostenibles. En un país históricamente marcado por el conflicto por la tierra, la verdadera reforma no se medirá solo en títulos entregados, sino en la capacidad de transformar esas cifras en equidad y paz para el campo colombiano.